Las propuestas de medidas para salir de la crisis de la construcción que hay en este artículo son:
Si las denominadas Viviendas de Protección Oficial (VPO) fueron adquiridas por una necesidad real de vivienda, se tendrían que habitar. Pero se puede dar la circunstancia que los propietarios tengan un traslado laboral durante una temporada. Pero si no estuvieran ocupadas deberían de estar alquiladas por medio de las sociedades públicas de alquiler, es la única manera de garantizar el cumplimiento de una renta acorde a la legislación vigente.
En caso que una persona no pagara la renta sería desahuciada inmediatamente, la deuda de los alquileres no pagados los abonaría la sociedad pública a la propiedad de la vivienda y se la cobraría a la persona deudora.
Para aquellas personas que no quisieran que se utilizaran parte de sus enseres en la vivienda alquilada, habría que permitir grandes almacenes como trasteros temporales.
Y en caso que la persona arrendada causara daños en la vivienda, los daños serían reparados por la sociedad pública, y adeudados por la persona arrendada.
De esta manera:
1. Se obtendría una gran cantidad de viviendas de VPO para alquilar.
2. La administración pública agilizaría los trámites de los desahucios para no pagar ella los impagos.
3. La administración pública inspeccionaría en persona cada VPO para ver su estado antes y después de cada alquiler, nada de informes bonitos.
Las Viviendas de Protección Oficial (VPO) se convierten en viviendas de precio libre cuando:
▪ han transcurrido 25 años (en alguna autonomía 95 años) desde su construcción
▪ han transcurrido menos de 25 años (en alguna autonomía 95 años) desde su construcción y se ha quitado la calificación
Bueno, pues esto habría que cambiarlo porque a veces se encuentran en sitios muy privilegiados y su valor aumenta exponencialmente a lo largo de los años si se vendieran como vivienda de precio libre. Las Viviendas de Protección Oficial (VPO) se podrían vender pero a través de la administración pública autonómica, al precio que estuvieran marcadas por normativa, y a personas que cumplan con los requisitos legales.
La sociedad pública de alquiler estatal, las sociedades públicas autonómicas, las sociedades públicas provinciales y las sociedades públicas municipales han irrumpido en el mercado inmobiliario y son competidoras directas de sociedades privadas y de profesionales, ya que alquilan viviendas de precio libre, locales comerciales y oficinas.
Estas sociedades públicas autonómicas, provinciales y municipales:
▪ están creadas con nuestros impuestos
▪ están compitiendo en un mercado libre
▪ se ha demostrado que resultan altamente deficitarias
▪ no tienen capacidad de negociación
Se les debería prohibir que alquilaran inmuebles de personas ó empresas. Pero podrían alquilar inmuebles de propiedad pública: vpo, viviendas, oficinas, almacenes, ó edificios.
Imaginemos llegar a un año en el que tengamos trabajo. Volver a tener que negociar con las compañías las obras para enterrar las redes aéreas resultaría un freno para nuestro desarrollo, una traba más, ralentizar una obra, y cargar a un edificio con costes externos injustificados a veces astronómicos.
Las torretas y postes de electricidad en pleno casco urbano, estorban y hay que enterrar las redes, no hay que dar pié a la discusión. Al igual que se ha legislado subiéndonos las tarifas hay que echarle valor y exigir a las compañías que sean ellas mismas las que asuman enterrar las redes de electricidad, de telecomunicaciones y de gas.
Hay ayuntamientos que entierran en casco urbano las redes de alumbrado público y no se arruinan. Lo mismo habría que exigir al resto de instalaciones aéreas que cruzan calles y se agarran a fachadas. Ahora es el momento porque las compañías de electricidad, telecomunicaciones y gas tienen beneficios, pues que inviertan en futuro, que es lo que siempre nos dice la administración pública, invertir para el mañana. Además son obras que a día de hoy, darían mucho trabajo.
Hace unos cuantos años las compañías eléctricas se habían repartido el territorio de España y había que someterse a sus directrices ó interpretaciones de la legislación vigente. Te mandaban levantar 200 metros de calle ó canalizar toda una manzana para una simple acometida de una casa, y si proponías algo racional se negaban rotundamente y no te daban suministro. Y la administración pública a callar. Únicamente algunos técnicos de la administración pública, contadas empresas y ciudadanos, mantenían un pulso con las compañías eléctricas porque eran muy conscientes del poder que se les otorgaba callando. Las compañías eléctricas llegaron a publicar sus normativas en Boletín Oficial. A día de hoy, con la liberalización del mercado eléctrico parece que son más receptivas.
En realidad las redes eléctricas al entrar en casco urbano, deberían tener las directrices de los ayuntamientos simplemente por el hecho que transcurren por un espacio aéreo ó subterráneo público, y tenemos derecho a saber que ocurre en la propiedad pública. Además, por el subsuelo también transcurren redes de agua, alcantarillado y gas, y los ayuntamientos deberían de coordinar todas estas redes y canalizaciones. Dentro de la propuesta que hago, las compañías eléctricas y de telefonía seguirían con el mantenimiento de las redes subterráneas.
Y el mismo razonamiento es aplicable a las compañías de telefonía cuando se pasan de la raya. Ahora más que nunca con el crecimiento de internet, hay que proteger las redes de telefonía y telecomunicaciones, y saber realmente por dónde transcurren.
Las compañías eléctricas y de telefonía al solicitar una nueva acometida abren un expediente, con su informe correspondiente. Una vez que te dan el informe, lo tienes que incorporar al proyecto ó modificarlo, y después aportarlo al ayuntamiento. Y tenemos que volver a retrasar la planificación de una obra. Hay que poner orden en el subsuelo y coordinar las licencias de obras con las nuevas acometidas.
La medida propuesta retornaría competencias a los ayuntamientos, daría trabajo a técnicos funcionarios, unificaría criterios, y reduciría tiempo en proyectos y obras.
Cada vez que se solicita la apertura de un centro de trabajo, por normativa acude la inspección de trabajo a comprobar lo declarado. Si la inspección recibe órdenes superiores de recaudar, se lía a poner multas a cada obra que va. Pero si no se declara una obra, la inspección de trabajo no acude a comprobar nada aunque vea la obra delante de sus “narices”.
En numerosas ocasiones las inspecciones pasan por delante de obras en las que no hay señalizaciones, los obreros están casi vestidos de calle sin casco, apenas hablan ó entienden español, hay un contenedor con escombros sin delimitar,… y miran hacia otro lado ó no preguntan, ni comprueban información en el ayuntamiento. Esas obras a lo mejor no tienen ni licencia de obras ó si la tienen es para alicatar un cuarto de baño y se están construyendo una planta nueva, por toda la cara. Si ocurre un accidente laboral dentro de la obra, ó si un peatón tropieza en una zanja ó se clava un hierro, de repente la obra ya existe.
Las inspecciones laborales no sólo deberían hacerse para comprobar los nuevos centros de trabajo, sino que deberían de estar en la calle comprobando todas las obras, insistentemente. De esa manera:
▪ empresas y autónomos que están pagando sus mutualidades competirán en igualdad de condiciones con quienes no declaran nada
▪ se garantizarían las condiciones de seguridad de los trabajadores y de los ciudadanos que pasan ó están al lado de las obras
▪ al comprobar las altas de los trabajadores en las cotizaciones sociales, la propia administración pública recaudaría más dinero que multando, ya que en las obras no declaradas hay bastante trabajadores sin coberturas sociales
Tenemos miles de asociaciones profesionales. Los arquitectos no nos escapamos a la dispar atomización profesional, y en Castilla y León existe el Colegio Oficial de Arquitectos de León (COAL) para las provincias de León, Palencia, Salamanca y Zamora; y el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este (COACYLE), para las provincias de Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. La Junta de Castilla y León tendría que meternos en vereda y obligar a un único colegio de arquitectos, y punto pelota.
Con tantas asociaciones, uniones, agrupaciones, federaciones y confederaciones, nos estamos desuniendo en todas las profesiones y nuestros recursos se pierden con el simple mantenimiento de la administración de las asociaciones. Aquí se echa en falta que el gobierno central obligue a una homogeneizar las asociaciones profesionales a nivel provincial ó autonómico ó nacional. Nos interesa a todos, porque si exigimos unidad de mercado, deberíamos predicar con el ejemplo.
Hacen falta cursos ó titulaciones de formación profesional para manejar maquinaria pesada de obras, para manejar grúas, para realizar boletines de instalaciones,… ¿Y qué pasa con el resto de oficios?.
Todos los sectores de la economía demandan titulaciones y formación. La Fundación Laboral de la Construcción, está haciendo un gran esfuerzo por corroborar la categoría profesional y la experiencia de los trabajadores de la construcción. La “Formación Profesional” tiene un programa de “Acreditación de Competencias Profesionales”. Estas dos vías suponen un camino para regularizar lo existente, pero falta un campo laboral de futuro porque no se exige ni formación, ni titulación a los nuevos profesionales. Si tenemos muy claro que uno de los problemas del mercado laboral español es la falta de formación, hay que ponerlo en funcionamiento.
Se puede hacer una moratoria de dos años en los que los trabajadores de la construcción acrediten su experiencia. A partir de esos dos años se podría seguir teniendo esa acreditación, pero costaría más conseguirla. Los famosos cursos de las oficinas de empleo deberían de estar enfocados hacia ese campo que si es realmente útil. Las nuevas generaciones de jóvenes que se ponen a estudiar “Formación Profesional de Edificación y Obra civil, Electricidad, Mantenimiento, Energía, Seguridad, Transporte,…”, si no ven que realmente sus estudios son obligatorios, abandonarán las aulas. Se pueden hacer multitud de módulos, de cursos, de todo. Las obras con personal cualificado, funcionan mejor.
La Formación Profesional es fundamental para dar credibilidad al sector de la construcción. Cada día surgen nuevos materiales, nuevos métodos constructivos, nuevas instalaciones, y el hábito de la formación continuada comienza con la exigencia de una titulación.
El propio sector de la construcción se infravalora cuando no exige titulaciones en muchos oficios.
La mayoría de las personas que trabajan en el sector de la arquitectura, urbanismo, construcción, e inmobiliario deberían de tener una titulación del tipo Formación Profesional y este porcentaje tendría que ser muy superior a la cantidad de personas con una titulación Universitaria. También el porcentaje de Formación Profesional tendría que ser superior a las personas sin titulación (ó que al menos hubieran acabado sus estudios de secundaria ó bachiller). Bueno pues esto en España sucede al revés.
En el informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) titulado “Panorama de la Educación 2010” se analizaron los indicadores de educación de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía.
En España se obtuvieron los siguientes resultados para la población de 25 a 64 años:
▪ Inferior a educación secundaria superior 49%
▪ Educación secundaria superior y postsecundaria no terciaria 22%
▪ Educación terciaria 29%
Y en Alemania, los resultados para la población de 25 a 64
▪ Inferior a educación secundaria superior 15%
▪ Educación secundaria superior y postsecundaria no terciaria 60%
▪ Educación terciaria 25%
Las conclusiones resultan evidentes:
▪ Existe un alarmante alto porcentaje de mano de obra no especializada ó sin formación
▪ Falta Formación Profesional
▪ Sobran titulaciones universitarias
▪ El Informe completo de la OCDE lo podéis obtener pinchando este link “Panorama de la Educación 2010” y los resultados que he comentado figuran en la página 40. Es demoledor.
Esta formación debería de realizarla las asociaciones empresariales y profesionales, a las cuales estarían obligados de pertenecer todas las empresas y autónomos. Y al cabo del año todos tendríamos que haber asistido a un mínimo de horas de formación, en horarios muy flexibles, hasta incluso por Internet. Para ello leer otra medida para salir de la crisis que la titulo “asociaciones profesionales homogéneas”.
De esta manera nos pondríamos al día en nuevos materiales, métodos constructivos, normativas, código técnico de edificación, etc. Y fundamental, estaríamos más capacitados para trabajar y ofrecer nuestros productos y servicios en otros países.
