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28 septiembre 2015

Las actuaciones de vivienda en Castilla y León para los próximos 4 años

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Hace pocos días que el nuevo Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, expuso el programa de actuaciones en vivienda, arquitectura y urbanismo para esta legislatura y que esperemos dure los cuatro años previstos.

Pocas novedades se pueden aportar porque ya hay bastantes programas, leyes, normativas y buenas intenciones que vienen de años atrás y con tal de cumplirlos y corregir lo que no funciona, sobra o falta, bastaría.

Aún así, el ruido mediático que provocan los discursos políticos sobre el sector de la vivienda, sigue generando unas expectativas que se van tildando en efímeras.

Puedes leer la nota de prensa de las actuaciones pinchando aquí o descargarte en un archivo doc el discurso del Consejero pinchando este link.

Una actuación destacada que expuso el Consejero, y que yo diría que es un reto que ha impuesto a su Consejería, es homogeneizar al dividido sector público, vamos, así lo interpreto. Se pretende crear un parque público de vivienda, que ya comenzó en 2013, con las Medidas para el alquiler y venta de viviendas protegidas en Castilla y León. A ver si lo consiguen.

Otra de las actuaciones previstas, es que la Junta de Castilla y León compre viviendas que hayan embargado las cajas de ahorro, los bancos y el Banco Malo (Sareb). Desde mi punto de vista, lo lógico es dar prioridad a la compra de viviendas de protección pública embargadas. Más que nada porque el momento actual es malo, va a mejorar, y quizás en un futuro la Autonomía decida alquilar o vender una vivienda protegida acorde a la normativa de la propia vivienda protegida. Si una administración pública comprara viviendas embargadas que no fueran protegidas, que se denominan viviendas de precio libre, el carácter social es totalmente volátil, ahora me interesa y ahora no me interesa.

Como actuación importante cabe destacar, el fomento de la rehabilitación mediante ayudas. La rehabilitación ya parece asumida por la Autonomía. Pero existen ayudas a la rehabilitación europeas, estatales, autonómicas, provinciales y municipales, y se echa en falta al menos una página en la web de la Consejería de Fomento que contenga enlaces a todas estas ayudas.


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Otra actuación, era que la Autonomía iba a asegurar el cumplimiento de la normativa técnica de eficiencia energética, accesibilidad, protección contra el ruido y la calidad de la construcción. Tenemos normativas nacionales, autonómicas y municipales. Cabría preguntarse si algunas de ellas sobran.

Y al final de las actuaciones en vivienda, el Consejero dijo textualmente:
Seguiremos impulsando la Inspección Técnica de Edificios facilitando su realización y registro y la coordinación de administraciones, empresas y profesionales.


Convendría matizar que hay bastantes ayuntamientos en Castilla y León que ni han arrancado con las ITEs. El Instituto de la Construcción de Castilla y León tiene unos modelos de Inspección Técnica de Edificio y de Informe de Evaluación de Edificio, que son muy completos y válidos a nivel autonómico. Aún así, la documentación de las ITEs en cada ayuntamiento es distinta. Por eso decía al principio de este artículo que homogeneizar al dividido sector público es un reto.


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11 noviembre 2013

Medidas para el alquiler y la venta de viviendas protegidas en Castilla y León 2013

Medidas para el alquiler y venta de viviendas protegidas en Castilla y León 2013

La Junta de Castilla y León publicó en Agosto de 2013, 22 medidas urgentes en materia de vivienda, cuyo texto completo del BOCyL, podéis leerlo pinchando el link: Decreto-Ley 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda. La Junta de Castilla y León también publicó en su web una Nota de prensa, que resume las 22 medidas empleando un vocabulario un poco más comprensible, y que puedes descargarlo haciendo click en el siguiente link: La Junta aprueba un paquete de 22 medidas urgentes para facilitar el acceso a la vivienda. Una aclaración, la vivienda protegida es la antigua VPO.

Sorprenden gratamente las medidas encaminadas a la construcción de “viviendas públicas de alquiler social”. La Junta de Castilla y León y los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes estarán obligados a construir “viviendas y alojamientos públicos de alquiler social”. Además, tanto la Junta de Castilla y León como los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, deberán reservar al menos el 30 % de las viviendas protegidas desocupadas y de los terrenos de uso residencial de su propiedad a las mencionadas “viviendas y alojamientos públicos de alquiler social”.

Las personas que podrán acceder al alquiler social, son aquellas que se encuentren en las siguientes condiciones:
    ▪
    familias en las que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo
    ▪
    personas que se les haya embargado su vivienda y hayan sido desalojadas de ellas
    ▪
    personas que por separación, divorcio o nulidad matrimonial, ya no puedan utilizar su vivienda
    ▪
    personas que habiten una vivienda sujeta a un expediente de expropiación
    ▪
    personas que habiten una vivienda declarada en ruina
    ▪
    personas que habiten un alojamiento provisional como consecuencia de operaciones de emergencia o situaciones catastróficas que hayan implicado la pérdida de su vivienda
    ▪
    personas que habiten legalmente una vivienda con deficientes condiciones de habitabilidad y cuyo coste de reparación sea superior al 50% del valor de venta de la vivienda
    ▪
    personas que habiten legalmente una vivienda con una superficie útil total inferior a 30 metros cuadrados, o con una superficie útil por persona inferior a 10 metros cuadrados
    ▪
    personas que estén en viviendas no accesibles donde habiten personas con movilidad reducida
    ▪
    personas menores de 35 años
    ▪
    personas mayores de 65 años
    ▪
    personas con discapacidad
    ▪
    personas víctimas de la violencia de género y del terrorismo
    ▪
    familias numerosas
    ▪
    familias monoparentales con hijos menores a cargo o mayores de edad dependientes
    ▪
    familias con parto múltiple o adopción simultánea
    ▪
    familias en las que convivan mayores, personas dependientes o con discapacidad

Esto quiere decir que tanto la Junta de Castilla y León como los Ayuntamientos, tendrán primero que revisar cuantas viviendas protegidas estén desocupadas e imponerse un poco de orden. Y la reserva del 30% del suelo destinado a vivienda protegida, obliga en principio a definir cuales son los solares de propiedad de la Junta y de los Ayuntamientos, que se destinen a vivienda protegida. Cabe recordar que algunos Ayuntamientos desde hace tiempo, no han querido comprometerse a concretar cuales son sus solares destinados a vivienda protegida.

Estas medidas de “alquiler social” en viviendas de propiedad pública tardarán tiempo en realizarse, y no deberían de desaparecer aunque dentro de diez años la situación socio económica del país mejorase.

Destacan igualmente las medidas que posibilitan la “reducción de los precios de venta y alquiler” con rebajas de hasta un 20% con respecto a los precios actuales. Los precios de venta y alquiler se tendrían que haber revisado anualmente y a la baja en estos últimos años, dado que si los precios de venta y de construcción de la vivienda libre bajaban, los precios de la vivienda protegida también tenían que haber bajado. Así es como se fijan los precios de la vivienda protegida, aunque a alguien se le haya olvidado.

Hay otras medidas de la Junta que buscan vender el stock de vivienda protegida a quien sea, como son las “condiciones especiales para adquirentes con destino a alquiler”. Se va a permitir que cualquier persona, aunque no cumpla todos los requisitos para comprar una vivienda protegida, pueda comprar una vivienda protegida siempre y cuando la destine a alquiler durante un mínimo de cinco años.

Lo más lógico es que las viviendas protegidas que estén sin vender, las adquiera la Junta de Castilla y León, para poner en práctica las medidas anteriormente mencionadas de “alquiler social”.

Existe otra medida de la Junta difícil de digerir, que es el caso de las viviendas protegidas privadas en las que se reduce a 10 años el plazo mínimo para solicitar la descalificación. Esta medida de la Junta busca recaudar impuestos con la descalificación. La descalificación al cabo de diez años abre las puertas a la especulación del precio de las viviendas protegidas al convertirlas en viviendas de precio libre, quizás en este año no, pero dentro de unos pocos años si.

Al principio de la exposición de motivos del Decreto-Ley, así como en la Nota de prensa, se alude a las dificultades económicas que sufrimos los ciudadanos, pero la Junta de Castilla y León también está pasando por dificultades económicas.

Las “Medidas para el alquiler y venta de viviendas protegidas” se publicaron en el BOCYL del 20 de diciembre de 2013 como LEY 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda


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